Vamos a publicar dos escritos que versan sobre el mismo tema, la política de personal que sigue el Tripartito, es decir, la política de personal que no se sigue, por que en nuestro Ayuntamiento hay cualquier cosa menos política de personal. Lo que hay más bien es un uso abusivo y despótico de los recursos de contratación para separar los "funcionarios que nos gustan" de "los que no nos gustan".
El penúltimo episodio lo protagoniza el castigo a la técnico de medio ambiente, Ana Isabel Mora, a la que trasmitimos nuestro apoyo, claramente discriminada por ejercer de lo que es: una profesional que informa con independencia, sin ocuparse de que sus informes sean del gusto de la clase dirigente. Ana Mora ha seguido los mismos pasos que Ballestero, el vicesecretario del Ayuntamiento. En esta ocasión y tras un informe negativo del Vertedero de Vallegón, y no es el único informe que despertado las iras de Salvador Hierro, fue cesada fulminantemente, como técnico en funciones, un cese que para nosotros es un acto más de desviación de poder, de acoso, y de caza de brujas hacia muchos de los empleados municipales.
La decisión del Tripartito ha dejado al Ayuntamiento sin técnico de medio ambiente: ¿quién informará ahora de vertidos ilegales en el Valle de Sámano? ¿quién informará los expedientes que vulneren la ordenanza de ruidos?
Nadie. La opinión pública tiene que saber que cuando se represalia a un empleado público, lo que en realidad se pretende es favorecer determinados intereses.
Hay un último episodio del que no hablan los escritos, y es el referido al acoso que está sufriendo actualmente el Jefe de Policía, Domingo, a cargo una vez más del responsable de la Policía Municipal y Concejal de Personal.
Esperemos que en esta ocasión, como han hecho en otras, los representantes sindicales tomen cartas en el asunto. Y los representantes públicos, pues los partidos y agrupaciones electorales guardan un silencio lamentable.
A excepción de los escritos que reproducimos por el orden llegado a nuestra redacción: primero, el de Teresa Pérez (concejala del Grupo Castro), y a continuación el de Michelle Meulemans (vocal socialista de la Junta Vecinal de Sámano).

Este es un ejemplo de una buena medida mal aplicada, lo que devendrá en una mala medida.

Esta misma semana se ha dirigido a nosotros un vecino de Sámano preocupado por la escasa información del Punto Limpio Movil, programa que recientemente se ha instaurado en las pedanías del municipio. Pero de poco servirá esta necesaria medida para facorecer una recogida selectiva de los residuos, si la gente no se entera de que existe.

En el mismo sentido se han dirigido a nosotros y a los medios, las Asociaciones de Sámano, cuyo mensaje reproducimos enseguida. Simplemente comentar, que en el último año, se ha hecho un esfuerzo razonable en materia de educación ambiental en Castro, que no se ve correspondido en la misma medida con lo que hay que hacer en esta materia en las Juntas Vecinales, que, una vez más están al margen de las decisiones, de los programas, de la información...

En fín, que lo digan las propias asociaciones de Sámano:

La asociaciones de Sámano, Laiseca y Montealegre, nos envían un escrito en el que se quejan de que se está utilizando un parque infantil como aparcadero de coches con el consiguiente peligro para los niños. Esta es una más de las irregularidades de este polideportivo sobre el que aún no concebimos como está abierto, sin subsanarse todas las defeciencias denunciadas, y sobre las que se ordenó por el alcalde un cierre que nunca llegó a producirse.
Este es el escrito que han presentado las asociaciones en el Ayuntamiento:

Reproducimos escrito enviado por las Asociaciones de Sámano, reivindicando que el Autobus que recorre los pueblos del Valle de Sámano tenga su parada en Laiseca y en el polígono de Vallegón. Creeemos que es buena idea, y en cualquier caso un servicio necesario.

Teresa Pérez y Pedro Olano, concejales del Grupo Castro del Ayuntamiento de Castro Urdiales, nos han enviado un escrito del que hoy da cuenta la prensa en el que se denuncia a José Miguel Rodríguez, primer teniente alcalde perteneciente al Grupo Popular, que forma parte del tripartito (PRC, PP, IU) en esta ultima legislatura. La verdad es que nos gustaría poder informar más ampliamente de este asunto, en el que no sólo hay infracciones del procedimiento administrativo, sino una probable prevaricación del 320 o del 404 del código penal, que podría conllevar la inhabilitación de la autoridad que conceda licencia o participa en decisión de conceder licencia a sabiendas de su injusticia, y lo que tiene que saber a estas alturas José Miguel Rodríguez es que no debe intervenir en decisiones que le favorezcan a él o a sus familiares. Al parecer el asunto proviene de la firma de un decreto siendo alcalde en funciones el Sr. Ródriguez en el que se concede licencia de obras para ampliación de local en lonja propiedad de una sociedad limitada (Maroljoba S. L.)perteneciende a esposa e hijo del alcalde en funciones. La obra había sido denunciada por los vecinos contiguos al inmueble por un exceso de volumen contrario al planeamiento, y por contravenir el Catálogo de Protección del Plan General en el que está incluido este edificio.
La obra de ampliación de este local tiene informe favorable de uno de los técnicos del Departamento de Urbanismo, un informe que llama su atención por la inexistente motivación a pesar de que la obra plantea una ampliación de volumen en patio de manzana de un edificio protegido.
El hecho de que varias semanas despues de este polémico decreto del alcalde en funciones, venga la Junta de Gobierno Local a "convalidar" el acto en cuestión (revocando el decreto pero manteniendo la licencia), deja las cosas aún más turbias, extendiendo la responsabilidad a todos los miembros de la Junta de Gobierno Local.

Reproducimos el escrito enviado al fiscal del tribunal contencioso administrativo, en el que se dicen cosas como "el urbanismo se ha convertido en una fuente de noticias por la utilización fraudulenta que se hace de él, se está dando con alta frecuencia una simbiosis entre política y negocio de la construcción, sumando desmanes de quienes se sienten seguros de poder hacer lo que les venga en gana para lucrarse. Estos actos producen descrédito de la administración. El caso que nos ocupa es un acto que se puede calificar de corrupción, pues se ha producido una posible ilegalidad por parte del teniente – alcalde, José Miguel Rodríguez (PP) al no abstenerse de firmar el decreto nº 921/06 que favorece a unos familiares directos."